Gobierno saliente de Honduras habría operado un sistema de espionaje con inteligencia artificial contra opositores, revela comisión liquidadora

**Tegucigalpa, Honduras** – Un escándalo de proporciones golpea el ocaso del gobierno saliente de Nasry Asfura. La Comisión Liquidadora, entidad encargada de cerrar las dependencias del Ejecutivo, ha revelado que la extinta Secretaría de Planificación Estratégica operó un sistema de espionaje digital masivo que, presuntamente, identificaba, monitoreaba y atacaba a adversarios políticos y periodistas críticos en redes sociales.

**El descubrimiento de un sistema de vigilancia automatizado**

Leonel Núñez, abogado y responsable de la comisión, denunció en una entrevista radial que durante el proceso de liquidación se encontraron evidencias de un “flujo de identificación” de personas. “Cada vez que se mencionaba una palabra clave, esta activaba un sistema de inteligencia artificial que rastreaba a los usuarios para luego atacarlos en plataformas digitales”, explicó Núñez. Según sus declaraciones, el gobierno anterior habría utilizado millonarios recursos públicos, supuestamente destinados a la planificación estratégica, para financiar esta red de vigilancia y acoso virtual.

**Un patrón de acoso y desinformación ya documentado**

Estas revelaciones no sorprenden a organizaciones de la sociedad civil. La Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) ya había documentado en el informe “Operación desinformación” la existencia de una red de funcionarios que orquestaban campañas de desprestigio y estigmatización contra actores incómodos. El reporte detalla cómo dependencias como la Secretaría de Planificación y la extinta Sedesol lideraban estos ataques, con chats y testimonios que evidencian las órdenes directas para agredir opositores bajo la amenaza de perder sus empleos.

**Un contexto de miedo y autocensura**

Las denuncias coinciden con los alarmantes hallazgos de informes internacionales recientes. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su último reporte sobre las elecciones generales de 2025, señaló que periodistas y medios enfrentaron un clima de intimidación y amenazas por parte de actores estatales. El uso de cadenas nacionales para fines políticos y los discursos hostiles de altos funcionarios generaron una atmósfera de autocensura. La actual crisis de credibilidad se suma a una cultura del miedo que, según estudios locales, ha pervivido en el país a lo largo de los años, desde el autoritarismo hasta el narcotráfico y la corrupción política.

**La pregunta que queda en el aire**

Pese a la gravedad de los hechos, la administración de Asfura ha optado por filtrar la información “a cuentagotas”, sin presentar un informe integral al país. Todo indica que el gobierno prefiere pagar la factura y hacer borrón y cuenta nueva antes que enfrentar las consecuencias legales y políticas de un posible espionaje masivo. Mientras tanto, la ciudadanía espera que esta denuncia no quede en un simple titular, sino que active los mecanismos de investigación de oficio por parte de las autoridades.

# Contexto e Impacto

Esta noticia trasciende el mero morbo político. Revela cómo una administración pudo haber instrumentalizado recursos del Estado y tecnologías de inteligencia artificial para vulnerar derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión. En un país donde la confianza en las instituciones ya está erosionada, este tipo de denuncias refuerza la percepción de que el poder político opera sin rendición de cuentas. Para el lector hondureño, el caso evidencia que la lucha contra la corrupción y la defensa de la democracia requieren una vigilancia ciudadana constante, más allá de los cambios de gobierno.