Perú redefine el diagnóstico en salud mental: psicólogos ganan reconocimiento legal tras polémica modificación

El panorama de la salud mental en Perú experimentó un giro histórico este mes, luego de que el Congreso de la República modificara la Ley de Salud Mental para precisar qué profesionales están facultados para emitir diagnósticos. La decisión, tomada el 12 de marzo de 2026, pone fin a años de controversia entre psicólogos y psiquiatras, pero abre un nuevo capítulo de incertidumbre sobre su aplicación práctica y los posibles riesgos para los pacientes.

El núcleo del cambio legal

La modificación central recae en el artículo 25 de la Ley 30947. El texto anterior, observado por el Ejecutivo, generaba confusión al mencionar la participación de psicólogos clínicos en el diagnóstico junto a médicos. La nueva redacción, aprobada con amplia mayoría, establece que el diagnóstico es un "proceso integral" que involucra a los profesionales "según sus leyes de trabajo específicas y la normativa vigente".

Este cambio es crucial porque, al remitir a las leyes de cada profesión, habilita implícitamente a los psicólogos colegiados. Su Ley del Trabajo (N°28369) los faculta para la evaluación, diagnóstico y tratamiento en el ámbito psicosocial. Sin embargo, la nueva ley no los menciona explícitamente, un punto que ya genera críticas sobre su claridad.

Dos visiones en conflicto

Por un lado, el Colegio de Psicólogos celebra la modificación. Su decano en Lima y Callao, Edgardo Soto, explica que ahora se "democratiza" la labor, permitiendo el diagnóstico a psicólogos de todas las especialidades, no solo clínicos. Argumentan que esto es vital para cerrar brechas de atención, especialmente en regiones con escasez de psiquiatras.

En la vereda opuesta, la Asociación Psiquiátrica Peruana y el Colegio Médico advierten sobre un "riesgo para la salud pública". Su vocero, Juan Carlos Ocampo, insiste en que solo el médico, tras 12 años de formación, puede realizar una evaluación integral (biológica, psicológica y social) para descartar causas orgánicas de síntomas mentales. Señalan que un diagnóstico erróneo por un no médico puede llevar a tratamientos incorrectos con consecuencias graves.

¿Qué dice exactamente la nueva ley?

El texto sustitutorio aprobado establece dos puntos clave. Primero, define el diagnóstico como un proceso que sigue las leyes de trabajo de cada profesional y las normas técnicas internacionales. Segundo, especifica que el médico, con o sin especialidad (según la complejidad), realiza el "diagnóstico integral".

La ausencia de la palabra "psicólogo" en el articulado es la raíz de la polémica actual. Para los legisladores, la remisión a las leyes de trabajo es suficiente. Para expertos en derecho como Marcelo Silva, una ley que requiere interpretación y acudir a textos suplementarios está "mal elaborada" y podría ser incluso inconstitucional por su falta de precisión.

El desafío de la implementación

La aplicación de esta norma en hospitales y centros de salud será el próximo campo de batalla. Se espera que el Ministerio de Salud emita directivas para operativizar el "trabajo en equipo" y evitar duplicidad o contradicciones. El gran reto será definir los protocolos de derivación: cuándo un psicólogo debe pasar un caso a un psiquiatra y cómo se coordinarán ambos diagnósticos.

Rodolfo Ronceros, experto en salud pública, subraya la necesidad de una "formación continua obligatoria" para los psicólogos, quienes deben reconocer los límites de su competencia y derivar casos complejos de inmediato. Con una creciente demanda de atención mental, la norma busca ampliar el acceso, pero su éxito dependerá de una supervisión y capacitación rigurosas.

Contexto e Impacto: Más allá de la polémica gremial

Esta reforma trasciende una disputa profesional y refleja una necesidad urgente del sistema de salud peruano. Las enfermedades mentales se han duplicado en la última década, mientras que el número de psiquiatras es insuficiente, especialmente fuera de Lima. La norma intenta aprovechar el capital humano de más de 67,000 psicólogos colegiados para realizar una detección temprana y prevenir la cronicidad de los trastornos.

Sin embargo, el impacto real para los ciudadanos será determinado por la calidad de la implementación. Un diagnóstico oportuno y preciso por un psicólogo bien capacitado puede significar una intervención temprana y un mejor pronóstico. Un diagnóstico apresurado o incompleto, sin la debida derivación, puede agravar el problema del paciente.

La ley deja una tarea pendiente para las instituciones: crear un sistema de garantías que asegure que la ampliación del acceso no comprometa la calidad ni la seguridad de la atención. El verdadero éxito se medirá no en los tribunales, sino en la mejora concreta de la salud mental de los peruanos.