Corte Constitucional anula fallo por 'competencia flexible' y ordena investigar a juez

La Corte Constitucional del Ecuador emitió un fallo contundente el 15 de enero de 2026, anulando una sentencia de un juez de Babahoyo y ordenando una investigación disciplinaria en su contra. El magistrado, Juan Carlos Aguiar, había admitido a trámite una acción de protección presentada por una compañía en liquidación de Guayaquil, argumentando una novedosa y cuestionada teoría de la 'competencia flexible'.

La empresa demandante, cuya identidad se reserva, interpuso la acción en marzo de 2021 contra la Superintendencia de Bancos y el Banco Central del Ecuador. El reclamo central era que había sido catalogada incorrectamente como 'vinculada' a un banco que fue cerrado, lo que le impedía refinanciar sus deudas. El problema procesal radicaba en que, al tener domicilio en Guayaquil, la demanda debió presentarse en esa ciudad, no en Babahoyo.

La Constitución es clara: las acciones de protección se presentan ante el juez del lugar donde se origina el acto o donde produce sus efectos. En este caso, ni la Superintendencia ni el Banco Central tienen su sede en Babahoyo, ni los actos administrativos cuestionados surtieron efectos principales en esa jurisdicción. Pese a esto, el juez Aguiar aceptó el caso.

Para justificar su competencia, el magistrado elaboró un argumento que la Corte Constitucional calificó posteriormente de 'cantinflada'. Aguiar sostuvo que la garantía de un juez independiente permitía una 'competencia flexible', es decir, acudir ante cualquier juez considerado libre de 'contaminación' política, sin importar las reglas territoriales. Esta interpretación fue rechazada de plano por el tribunal constitucional.

En su sentencia 1962-22-EP/26, con el juez Ortiz como ponente, la Corte determinó que el juez de Babahoyo había 'vaciado' las reglas de competencia aplicables. La decisión no se limitó a anular el procedimiento, sino que dio un paso más allá: ordenó remitir el expediente completo al Consejo de la Judicatura para que investigue la conducta del magistrado Aguiar y, de ser pertinente, imponga una sanción.

Este fallo sienta un precedente crucial sobre la rigurosidad que deben observar los jueces al determinar su competencia, especialmente en materia constitucional. La Corte Constitucional dejó en claro que la independencia judicial no es un cheque en blanco para ignorar las normas procesales básicas. La creación de doctrinas ad hoc, como la 'competencia flexible', socava la seguridad jurídica y el principio de legalidad.

**Contexto e Impacto:** La decisión de la Corte Constitucional trasciende el caso específico. Refuerza el mensaje de que la judicatura debe actuar con estricto apego a la ley, sin placebos interpretativos que distorsionen el sistema. Para abogados y ciudadanos, reafirma que las reglas de competencia existen para garantizar un proceso ordenado y predecible. El hecho de que se haya ordenado una investigación disciplinaria envía una señal de alerta a otros jueces que pudieran intentar similares 'malabarismos' procesales, subrayando que la discrecionalidad tiene límites infranqueables. En un contexto donde la confianza en la justicia es frágil, este tipo de controles es fundamental para preservar la institucionalidad.