García asegura haber designado nuevo Tesorero estatal pese a controversia legal

El gobernador Samuel García declaró este jueves que ya realizó el nombramiento del nuevo titular de la Tesoría estatal, una afirmación que surge en un contexto de tensión con el Congreso local y tras haberse vencido el plazo constitucional de 90 días para cubrir la vacante. La posición quedó oficialmente desocupada desde la renuncia de Carlos Garza a finales del año pasado, generando un vacío administrativo que ahora se ve envuelto en una disputa sobre los procedimientos legales.

## Un plazo vencido y una designación en disputa
Según el marco constitucional, el Ejecutivo estatal contaba con un período de tres meses para presentar una terna al Congreso y que este eligiera al nuevo funcionario. Dicho plazo expiró el miércoles pasado sin que se hiciera pública una resolución formal por parte del Poder Legislativo. La declaración del mandatario, realizada en un acto público, parece anticiparse a posibles críticas por la presunta omisión, aunque no especificó el nombre del designado ni la fecha exacta de la decisión.

## Nueva fricción en la relación con el Congreso
Este episodio representa un nuevo capítulo de roce institucional entre el Gobernador y los diputados locales. La administración de García ha mantenido una relación compleja con el órgano legislativo, marcada por desacuerdos en la aprobación de iniciativas clave y en la ratificación de otros nombramientos. Analistas políticos señalan que la falta de comunicación y acuerdos previos podría derivar en un nuevo impasse, donde el Congreso cuestione la validez del proceso seguido por el Ejecutivo.

## Impacto y contexto administrativo
La Tesorería es una dependencia crucial para la gestión financiera del estado, encargada del manejo de ingresos, egresos y deuda pública. Un periodo prolongado sin un titular definitivo puede generar incertidumbre en la administración de los recursos, especialmente en un año donde se discute el presupuesto estatal. Para los ciudadanos, esta controversia se traduce en una percepción de disfuncionalidad gubernamental que podría retrasar proyectos y afectar la transparencia en el uso de los fondos públicos. La resolución de este conflicto sentará un precedente importante sobre el equilibrio de poderes y el cumplimiento de los plazos constitucionales en la entidad.