Presidenta electa de Costa Rica anuncia adopción del modelo de seguridad de Bukele para combatir crimen organizado

**La futura mandataria costarricense, Laura Fernández, confirmó su intención de implementar en el país elementos centrales del modelo de seguridad pública desarrollado en El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele. En declaraciones exclusivas, Fernández señaló que su administración buscará cortar los vínculos que mantienen los reclusos con redes criminales desde el sistema penitenciario nacional, un problema que calificó como crítico para la seguridad ciudadana.**

### Estrategia centrada en el control carcelario

Fernández explicó que su admiración por los resultados salvadoreños se concentra específicamente en el diseño de cárceles de máxima seguridad que logran aislar a los integrantes de pandillas y organizaciones delictivas. Según su análisis, el sistema costarricense actual permite que personas condenadas por narcotráfico y crimen organizado continúen operando desde prisión, utilizando recursos estatales mientras mantienen activas sus redes externas.

La presidenta electa enfatizó que su propuesta no implica realizar detenciones arbitrarias o fuera del marco legal vigente. Aseguró que cualquier medida se implementará respetando las garantías constitucionales y los procedimientos establecidos en la legislación nacional. El objetivo declarado es modificar la administración penitenciaria para impedir la comunicación y coordinación criminal desde los centros de reclusión.

### Crítica al enfoque actual de derechos humanos

Durante la entrevista, Fernández cuestionó lo que describió como un desbalance en la protección de derechos humanos dentro del sistema judicial costarricense. Manifestó su preocupación porque, según su perspectiva, existe una atención desproporcionada hacia los derechos de los acusados, mientras las víctimas de la violencia criminal reciben escaso apoyo institucional.

La futura gobernante relató casos de familias que han tenido que vender propiedades para financiar procesos judiciales tras perder seres queridos, mientras los presuntos responsables reciben defensa legal especializada proporcionada por el Estado. Este desequilibrio, argumentó, distorsiona la justicia y genera desconfianza ciudadana en las instituciones.

### Implementación dentro del marco legal costarricense

Fernández aclaró que su administración no promoverá arrestos masivos de personas sin antecedentes judiciales, diferenciando así su estrategia de algunas fases de la política salvadoreña. La adaptación del modelo se limitaría a aspectos operativos y de infraestructura carcelaria que puedan implementarse dentro de las capacidades legales y presupuestarias del país.

La mandataria electa destacó que Costa Rica cuenta con legislación robusta para proteger derechos fundamentales, pero sugirió que en la práctica se ha desarrollado un enfoque excesivamente progresista que descuida a quienes sufren las consecuencias del delito. Su propuesta busca reequilibrar este enfoque sin renunciar a los estándares democráticos.

### Contexto y posibles implicaciones

Esta anunciada reorientación de la política de seguridad ocurre en un momento donde Costa Rica enfrenta un aumento significativo en tasas de homicidios y actividades de narcotráfico transnacional. La referencia al modelo salvadoreño, que ha recibido tanto elogios internacionales por reducir la violencia como críticas por posibles violaciones a derechos humanos, seguramente generará intenso debate en un país con tradición pacifista y respeto a las garantías individuales.

Expertos en seguridad regional anticipan que la implementación de estas medidas requerirá importantes inversiones en infraestructura penitenciaria y posiblemente reformas legislativas. Además, podría afectar las relaciones de Costa Rica con organismos internacionales de derechos humanos que han expresado preocupaciones sobre el enfoque salvadoreño.

El éxito de esta estrategia dependerá de su capacidad para reducir efectivamente la criminalidad sin erosionar el estado de derecho, un equilibrio complejo que definirá los primeros años de la administración Fernández. La ciudadanía costarricense, afectada por la inseguridad creciente, observará con atención si estas medidas logran replicar los resultados positivos vistos en El Salvador mientras mantienen los estándares democráticos nacionales.