Reforma de la Ley de Salud Mental: el Senado avanza sobre las internaciones involuntarias y desata la polémica
El Senado de la Nación aprobó el pasado miércoles, con 42 votos a favor y 21 en contra, la media sanción que reforma la Ley Nacional de Salud Mental. El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, gira ahora a la Cámara de Diputados y reabrió un debate sanitario de fondo: cómo intervenir ante crisis psiquiátricas, cuándo corresponde una internación y qué contención reciben los familiares.
El punto más conflictivo: el umbral de riesgo
La modificación más discutida afecta a las internaciones involuntarias. La norma vigente desde 2010 exige que exista un "riesgo cierto e inminente" para proceder. La reforma propone reemplazar ese criterio por el de "riesgo grave" para la vida o la integridad física de la persona.
La Cámara Alta aprobó con 42 votos a favor y 21 en contra un proyecto que flexibiliza los criterios para internar pacientes en crisis. La norma pasó a Diputados y divide aguas entre especialistas, provincias y familias.
Los impulsores del cambio sostienen que la nueva redacción permitirá actuar antes de que la situación se deteriore irreversiblemente. Los críticos, en cambio, advierten que la ampliación del umbral podría habilitar internaciones sin garantías suficientes.
Ignacio Brusco, decano de la Facultad de Medicina de la UBA, expuso ante los senadores que la ley actual necesita correcciones. Cuestionó las restricciones que pesan sobre los hospitales psiquiátricos especializados y señaló la escasez de camas disponibles. Para el académico, identificar automáticamente esos establecimientos con los viejos manicomios desconoce la realidad asistencial del sistema.
El texto aprobado vuelve a reconocer a los hospitales monovalentes como parte de la red de atención, aunque mantiene la prohibición de prácticas manicomiales. La distinción importa: la internación puede funcionar como herramienta terapéutica, pero no debe sustituir el seguimiento ambulatorio.
Familias y profesionales en alerta
Sandra Lazarte, licenciada en enfermería, llevó al recinto la voz de los familiares. "Como familias estamos pasando una situación sumamente grave porque se nos mueren nuestros hijos", afirmó. Su testimonio puso el foco en las consecuencias de llegar tarde a una intervención.
El otro punto sensible es quién decide la internación y el alta. El texto aprobado contempla la intervención de un médico —preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental— junto a un psicólogo. También prevé mecanismos excepcionales para emergencias y teleconsultas en zonas donde escasean especialistas.
La participación interdisciplinaria fue uno de los ejes revisados durante la negociación parlamentaria. Jorge Biglieri, decano de Psicología de la UBA, consideró que revisar la norma es necesario cuando su aplicación genera efectos no deseados. Sobre los cambios acordados en el Senado para reconocer las funciones de los psicólogos en evaluaciones, internaciones y altas, sostuvo: "Fue un avance, realmente es un avance". No obstante, aclaró que persisten aspectos cuestionados.
Rechazos y resistencias
La Asociación Argentina de Salud Mental rechazó en abril la versión inicial de la reforma. Argumentó que podía debilitar la atención comunitaria, restringir derechos y generar barreras de acceso en jurisdicciones con falta de profesionales. Varias disposiciones fueron modificadas después de ese comunicado, por lo que corresponde distinguir ambas versiones del texto.
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, también rechazó la media sanción. Sostuvo que los problemas más urgentes son la falta de inversión, planificación y acompañamiento a las provincias, y que cambiar la ley no resolverá por sí solo las dificultades asistenciales.
Otros cambios incorporados
La iniciativa incorpora la ludopatía entre las adicciones contempladas por la normativa. También distingue la atención de niños y adolescentes, y prevé dispositivos ambulatorios, atención domiciliaria y planes de seguimiento tras el alta.
Contexto o Impacto
La discusión trasciende la letra de la ley: pone en tensión dos modelos de abordaje de la salud mental. Uno prioriza la intervención temprana y la disponibilidad de camas; el otro defiende el enfoque comunitario y recela de cualquier ampliación del poder estatal para internar. Para pacientes y familias, la cuestión decisiva será si las herramientas que promete la reforma existen en la práctica. Ninguna modificación legal alcanza con presupuestos bajos y sin una red de profesionales, dispositivos de atención y continuidad de tratamiento. El debate en Diputados definirá si la nueva norma llega con los recursos necesarios o se convierte en un cambio de papel.
Con información de perfil.com.
