La estrategia de la diapositiva presidencial: ¿réplica legítima o herramienta de amedrentamiento?

La noche de este jueves, la secretaría de comunicación social difundió una presentación que enumera a periodistas, académicos y activistas críticos con la administración federal. El acto, que buscaba exhibir supuestas desinformaciones, ha desatado un intenso debate sobre los límites entre la réplica y la intimidación.

¿Réplica o catálogo?

Responder a los críticos es un ejercicio legítimo en cualquier democracia. El derecho de réplica existe precisamente para eso: para debatir ideas, corregir datos y sostener posturas. Sin embargo, lo que se vio en la pantalla presidencial no fue un argumento: fue una lista. Y enlistar, a diferencia de responder, no invita al diálogo; archiva.

Los nombres que aparecieron en esa diapositiva tienen un punto a favor: cuentan con abogados, audiencia y micrófono propio. Ellos, seguramente, sabrán defenderse. El problema real es otro. El mensaje no iba dirigido a quienes tienen reflectores.

El costo invisible: la autocensura ciudadana

Mientras los medios y los personajes públicos analizan si fueron o no incluidos en la lista, un efecto silencioso ya se propaga. Pensemos en el maestro de secundaria que tiene 300 seguidores en redes y que, al ver la noticia, se pregunta si su cuenta podría caber en alguna de esas categorías. O en la enfermera que comentó sobre las condiciones de su clínica y ahora duda antes de publicar. O en la señora que subió un video del bache en su calle y se cuestiona si esa queja podría ser considerada 'subversiva'.

Ninguno de ellos tiene un equipo legal detrás. Ni 500 mil seguidores que los respalden. Y, sin embargo, son la base de la esfera pública: ciudadanos legítimos emitiendo opiniones. Para ellos, el costo de una diapositiva presidencial no es la censura directa. Es la autocensura. Es el miedo a ser etiquetado, a perder un empleo o a convertirse en tendencia por las razones equivocadas.

La carga de la prueba en democracia

En un sistema democrático sano, opinar no obliga a justificarse. Quien ejerce el poder y pretende catalogar la palabra de los demás es quien debe probar el daño, no quien simplemente ejerce su libertad de expresión. El problema no es que el gobierno se defienda; el problema es que confunda defenderse con silenciar, y criticar con conspirar.

La línea entre la réplica y la intimidación es delgada, y cuando el que la cruza tiene el peso del Estado, el mensaje llega alto y claro, especialmente a los más vulnerables. Hoy, la pregunta no es si esos periodistas están bien (lo estarán). La pregunta es cuántos ciudadanos comunes, viendo lo que pasó, decidirán que mejor no opinan.

Contexto y análisis

Esta situación no es un hecho aislado. Se inscribe en una tendencia global donde los gobiernos buscan nuevas formas de gestionar la crítica, muchas veces utilizando herramientas digitales o actos simbólicos que, sin ser censura formal, generan un efecto disuasorio.

Para el lector común, esta noticia es relevante porque toca un derecho fundamental: el derecho a disentir. La tecnología nos dio un megáfono, pero también nos hizo vulnerables a la vigilancia y a la clasificación arbitraria. Cuando un poder público dedica tiempo a enumerar a sus críticos, está modificando el contrato social. Y si no lo denunciamos con claridad, corremos el riesgo de que mañana, la lista incluya a alguien que no tiene cómo defenderse. Tal vez, a ti.