Pacientes exigen un modelo único de vacunación internacional en España para acabar con las desigualdades territoriales

La institución que agrupa a las principales asociaciones de pacientes del país ha aprovechado el trámite de audiencia pública del futuro Real Decreto sobre vacunación internacional para presentar una batería de alegaciones que buscan transformar por completo el actual modelo, caracterizado por su fragmentación territorial y su baja digitalización.

La propuesta central pasa por garantizar que un ciudadano reciba la misma atención preventiva esté donde esté, con un catálogo cerrado de servicios y vacunas avalado por las agencias científica y reguladora de mayor prestigio: AEMPS, EMA y OMS.

Un sistema disperso que el paciente quiere derribar

Desde la organización denuncian que hoy el viajero se enfrenta a un laberinto de procedimientos y puntos de información que varían según la comunidad autónoma. Esta dispersión, advierten, no solo confunde, sino que puede generar demoras y hasta impedir el acceso a la profilaxis en plazos adecuados para el viaje.

Ante este escenario, la reforma que prepara el Ministerio supone una oportunidad histórica. Por ello, el FEP propone que el nuevo texto legal obligue a la interoperabilidad total de los sistemas de información y a que todos los centros de vacunación internacional queden inscritos en el registro oficial de centros sanitarios, con sus profesionales claramente identificados en el registro estatal correspondiente.

Una ventanilla única digital para el viajero

El salto digital es uno de los ejes de la propuesta. La entidad plantea la creación de un Punto Nacional de Contacto sobre vacunación, gestionado por la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP). Este portal centralizaría toda la información clínica y jurídica sobre vacunas y requisitos sanitarios para viajar, con el objetivo de que el ciudadano reciba una respuesta homologada y contrastada, sin depender de la web autonómica que le toque consultar.

Pero la ambición no se detiene en lo informativo. El FEP avanza en su propuesta hacia la gestión completa del trámite: desde la solicitud de cita a través de un sistema estatal unificado que muestre tiempos de espera y permita la derivación a otras comunidades si hay saturación, hasta el acceso al historial de vacunación y la descarga de certificados digitales. Todo ello, con avisos automáticos para recordar al paciente sus dosis o la necesidad de revacunación.

Estabilidad jurídica para la compra de vacunas foráneas

Un punto crítico que el proyecto de decreto debe resolver, según el foro, es el procedimiento para adquirir vacunas no comercializadas en España pero sí homologadas para viajeros. Actualmente, esta vía se sustenta en mecanismos administrativos provisionales. El FEP insta a que la nueva ley dote a este proceso de un marco jurídico claro, permanente y auditable, que dé seguridad tanto al facultativo que prescribe como al ciudadano que debe costear o gestionar dicha adquisición.

Contexto: más que una gestión administrativa, una cuestión de salud pública

Esta reivindicación llega en un momento en que el turismo internacional y los desplazamientos por motivos laborales o familiares han recuperado plenamente sus cifras previas a la pandemia. La vacunación internacional ya no es una preocupación minoritaria: decenas de miles de españoles viajan cada año a zonas de riesgo y necesitan asesoramiento y profilaxis con antelación.

Un sistema único no solo aporta comodidad. Reduce el riesgo de que un ciudadano viaje sin la protección adecuada por no haber encontrado cita a tiempo o por haber recibido información incompleta. Además, en caso de una nueva emergencia sanitaria global, un portal estatal centralizado permitiría reaccionar en horas, con directrices claras y coordinadas entre todos los territorios.

La batalla contra la desinformación sobre vacunas, cada vez más activa en redes sociales, también se refuerza con una única fuente oficial de referencia que desmonte mitos y ofrezca datos venidos de los organismos científicos y no de opiniones aisladas. La propuesta del FEP no es solo organizativa; es un paso lógico para blindar la confianza en el sistema sanitario público.