Abogada Ruth López fue operada y dada de alta sin reposo; alertan por su estado de salud en prisión

**La abogada Ruth Eleonora López, defensora de derechos humanos encarcelada desde mayo de 2025, fue sometida a una cirugía de urgencia la noche del sábado 16 de mayo para extirpar nódulos de los que aún se desconoce si son malignos. Sin embargo, fue dada de alta horas después, sin el reposo postoperatorio mínimo, y devuelta al centro penitenciario donde permanece recluida. La información fue confirmada por fuentes allegadas al caso, que pidieron reservar su identidad por temor a represalias, y expertos médicos advierten que esta práctica constituye un peligro inminente para su vida.**

## Operación y alta sin reposo

De acuerdo con las fuentes consultadas, López fue ingresada al Hospital de la Mujer para una intervención quirúrgica destinada a retirar nódulos sospechosos. A pesar de que el procedimiento fue exitoso, la paciente fue despachada del centro hospitalario sin pasar por el periodo estándar de observación postquirúrgica, que generalmente dura entre dos y cuatro horas. Inmediatamente después, fue trasladada de vuelta a la Granja Penitenciaria de Izalco.

Un médico especialista consultado explicó que "en la fase postquirúrgica inmediata no se pueden prever complicaciones como hemorragias, hipotensión, colapso cardiovascular, embolismos pulmonares o accidentes cerebrovasculares. Incluso cirugías menores tienen un tiempo de recuperación obligatorio". El galeno calificó la decisión de "temeraria" y señaló que "la vida de la paciente está en riesgo si no se garantizan las condiciones adecuadas de reposo y monitoreo".

## Maltrato institucional y denuncias

Las fuentes denunciaron que la situación de la abogada refleja un patrón de malos tratos dentro del sistema penitenciario. "Es indignante que el sistema la trate de esta manera. Su estado de salud es delicado y necesita atención médica continua, no puede estar en prisión", afirmó una de ellas. Otra fuente calificó el caso como "una injusticia total" y agregó que "ni el régimen más autoritario trata así a quienes defienden a los más vulnerables".

Organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han señalado en repetidas ocasiones que el proceso judicial contra López constituye una criminalización por su labor de denunciar abusos de poder y acompañar a víctimas. Varios fiscales asignados al caso habrían renunciado por considerar que no hay fundamentos legales sólidos para sostener la acusación de peculado, relacionada con su trabajo como asesora en el Tribunal Supremo Electoral.

## Contexto y presión internacional

López fue capturada el 18 de mayo de 2025 y desde entonces organizaciones como Amnistía Internacional la declararon "presa de conciencia" el 1 de julio, exigiendo su libertad inmediata. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares el 23 de septiembre para proteger su vida e integridad, incluyendo la recomendación de buscar alternativas a la prisión preventiva. Sin embargo, hasta la fecha, el tribunal competente se ha negado a realizar una audiencia para evaluar esta posibilidad.

Cristosal, la organización donde López trabajaba antes de su detención, ha documentado 245 casos de criminalización política, de los cuales al menos 86 personas permanecen encarceladas. Entre los casos emblemáticos también figuran el abogado Enrique Anaya, el ex presidente del TSE Eugenio Chicas, el dirigente Fidel Zavala y el sindicalista Giovanni Aguirre, este último desaparecido dentro del sistema penitenciario. La comunidad internacional, congresistas extranjeros y organismos de derechos humanos continúan presionando por la liberación de López y de todos los presos políticos.

## Impacto

La situación de Ruth López pone en evidencia la crisis del sistema de justicia y penitenciario en El Salvador, donde la salud y la vida de los presos quedan relegadas frente a procesos judiciales que organizaciones internacionales califican como persecución política. Su caso es un termómetro de la libertad de expresión y el derecho a la defensa en el país: si una abogada que acompaña a víctimas puede ser encarcelada y maltratada, ningún defensor de derechos humanos está a salvo. La comunidad internacional y la ciudadanía deben mantenerse alerta ante el deterioro de las garantías fundamentales.